Hace algunos días, Keiko Fujimori ha anunciado que de llegar a la Presidencia gobernaría con “mano dura” en TODOS los ámbitos. A su vez, César Gentille, miembro del equipo de campaña de George Forsyth ha prometido el uso de “mano dura” para frenar la delincuencia. Mientras que Daniel Urresti es conocido por su discurso de mano dura.

Suena interesante la propuesta de estos candidatos, ya que este término nos hace suponer que esta sería la solución providencial para poder frenar la delincuencia, pero en la práctica es un verdadero peligro tener un gobierno con “mano dura”. Y además existe inconsistencia en estos tres candidatos que profesan tener una “mano dura” pero en el interior de sus respectivas agrupaciones demuestran todo lo contrario.

¿Qué implica tener un gobierno de “mano dura”?

Mano dura en el concepto general según la RAE significa “severidad en el mando o en el trato personal”.

Según Amnistía Internacional:[6] “El término “mano dura” se presenta como un “espectro difuso de legislaciones, políticas, prácticas estatales y discursos que coinciden en atribuir causas morales al delito y definen a los infractores como enemigos merecedores de un tratamiento duro e implacable, mientras se refuerzan, expanden e intensifican las respuestas punitivas y la violencia institucional como solución”. Dentro de este amplio espectro se hace énfasis en la violencia policial que opera bajo la lógica militar.”

Según el sociólogo Loïc Wacquan, “La eficacia de las políticas (de mano dura) para la reducción del delito es cuestionable, al tiempo que conllevan una serie de efectos adversos tales como degradación de la imagen policial e institucional y vulneración de derechos hacia los sectores populares…”.

Un factor común de un gobierno de “mano dura” es el uso excesivo de la fuerza policial y/o militar contra los opositores o prensa independiente (OJO: NO OLVIDAR ESTO). Aunque da la apariencia o una falsa seguridad de tener “orden público”, sin embargo, en la práctica tiene que ver más con la protección de los regímenes políticos. Un gobierno así pasará por encima de los derechos básicos de las personas que fácilmente pueden ser acusadas de cometer delito, con suerte pueden llegan a tener juicio, pero en la mayoría de casos sufren de detención policial agresiva, allanamientos sin orden del juez, y en el peor de los casos, el secuestro y homicidio.

Esto lo hemos vivido en los 90’s con el Gobierno de Alberto Fujimori y recientemente con el breve gobierno de Manuel Merino, también se ha visto en Argentina, México, Venezuela, Panamá, etc. Y si vamos a indicadores, según informe de la ONUDD, la tasa de homicidios sufre un incremento en países que tienen gobiernos con políticas de mano dura.

Líneas arriba mencioné que un factor común de un gobierno de “mano dura” es el uso excesivo de la fuerza policial y/o militar contra los opositores o prensa independiente. Es decir, la “mano dura” nunca se va a aplicar contra los corruptos del mismo gobierno, esto solo aplicaría a “los de afuera”, pero nunca hacia “los de adentro”. Para los de su entorno siempre habrá “mano blanda”. Y Fujimori, Forsyth y Urresti antes de ser gobierno ya aplican una “mano blanda” para los de su entorno. Y aquí la evidencia en donde se aprecia que no hubo “mano dura” con los postulantes al Congreso de sus respetivos partidos:

La “mano blanda” de Keiko en Fuerza Popular

César Paredes Díaz (Cajamarca): Omisión a la asistencia familiar (pena cumplida) y Familia / Alimentaria (fundada).

Rosana Liscet Adrianzén Cano (Lima): Daño Simple (pena cumplida).

Leslie Vivian Olivos Martínez (Lima Provincias): Falsificación de documentos (pena cumplida).

Adán Habershon Agüero Ricra (Pasco): Abuso de autoridad (pena cumplida).

Segundo Sergio Vásquez Coronado (Lima): Contractual (fundada).

Hugo Daniel Garay Matos (Lima): Familia / Alimentaria (fundada).

César Armando Navinta Tacona (Cusco): Violencia familiar (fundada).

Sixto Alberto Torres Ágreda (Moquegua): Familia / Alimentaria (fundada).

Jacinta Elida Valdivia Esquicha (Moquegua): Obligación de dar suma de dinero (fundada).

Maura Obdulia Pezo Ochoa (Madre de Dios): Libramiento indebido (pena cumplida).

Nilton Wilfredo Rivera Dequentei (Amazonas): Violencia familiar (fundada).

La “mano blanda” de George Forsyth en Victoria Nacional

Cluber Aliaga: El exministro del Interior de Sagasti que se fue porque no estaba de acuerdo con el intento de reforma policial que impulsó el gobierno morado luego de los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

César Gentille: El exministro del Interior de Vizcarra que es investigado por la Fiscalía anticorrupción por diversos contratos con Iza Motors, del hermanito Antonio Camayo.

Francisco Javier Ramón Massa Pardo (Ica): Defraudación tributaria y estafa (pena cumplida).

Juan Alejandro Malpartida Filio (Callao): Contra la administración pública (pena cumplida).

Javier Leocadio Lindo Zárate (Junín): Usurpación (pena cumplida).

Marvin Herbert Bancayán Fiestas (Piura): Lesiones leves por violencia familiar (criterio de oportunidad), alimentaria (conciliación) y violencia familiar – (criterio de oportunidad).

Rubén Loayza Mendoza (Ayacucho): Omisión a la asistencia familiar (pena cumplida) y alimentaria (fundada).

Cosme Mariano González Fernández (Lima): Alimentaria (conciliación).

Charles Adrián Zapata Vega (Lima): Contractual (fundada).

Jesús Alexander Alcalá Mateo (Lima Provincias): Contractual (fundada).

Luis Manuel Porras Estrada (Tumbes): Alimentaria (fundada).

Angelmiro Montoya Mestanza (Cajamarca): Contractual (fundada).

Irinuzka Puelles Almonacid (Cusco): Contractual (fundada).

José Luis Gil Becerra (Lima): Peculado de uso (pena cumplida).

Giomar Armando Mena Guevara (Lambayeque): Conducción en estado de ebriedad (pena cumplida).

Jessica Navas Sánchez (Ucayali): Falsa declaración en procedimiento administrativo (pena cumplida).

La “mano blanda de Daniel Urresti en Podemos Perú

Leison Sandoval Amasifuén (Ucayali): Difamación (pena cumplida).

José Guillermo Rodríguez Sánchez (Piura): Abandono de destino simple (pena cumplida) y familia/alimentaria (fundada).

Michell Acevedo Pariona (Junín): Omisión a la asistencia familiar (pena cumplida) y familia/alimentaria (fundada).

Fredy José Toralva Cáceres (Junín): Peculado (pena cumplida).

Luis Miguel Peña Delgado (Lambayeque): Familia / Alimentaria (fundada).

César Santiago Bustamante Carvo (Ica): Familia / Alimentaria (fundada).

Juan Torres Ríos (Madre de Dios): Familia / Alimentaria (fundada).

Jorge Antonio Ramos Susuki (La Libertad): Laboral (conciliación).

Guillermo Vásquez Chingo (Cajamarca): Tenencia Civil (conciliación).

Jaime Reyna Chuquipiondo (Amazonas): Familia / Alimentaria (fundada).

Marcos Ibazeta Marino (Lima): Familia / Alimentaria (fundada).

Miguel Rafael Pérez Arroyo (Lima): Familia / Alimentaria (fundada).

Rosa Bautista Navarro (Lima): Laboral (fundada).

Elizabeth Quispe Ilaquita (Puno): Falsificación de documentos (pena cumplida).

Edie Peter Conislla Ramírez (Huancavelica): Difusión, distribución y circulación de obras sin autorización del autor (pena cumplida).

¿Cuál es la solución?

Si un gobierno de “mano dura” no es la solución, ¿Cuál sería la solución ante el problema de la inseguridad ciudadana? Yo estoy convencido de que la forma de disminuir la delincuencia es realizando un trabajo de desarrollo social en la sociedad empezando desde la niñez y un trabajo más exhaustivo en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes en riesgo, esto incluye políticas de reinserción social.

Yo creo que el trabajo de la prevención del delito en el Perú se encuentra muy limitada hacia una sola arista del problema, y además delegada hacia un solo Ministerio. Este trabajo se enfoca principalmente en prevenir el delito de aquel que generalmente ya es delincuente o que está propenso a delinquir de forma inmediata. Y yo creo que estaría mejor articulado si esta problemática de la delincuencia no sea cargado a una sola institución como lo es la PNP, sino también deberían participar otros ministerios. Se debería mejorar el sistema educativo en el Perú, brindar mayores oportunidades laborales, se debe realizar un trabajo de desarrollo social en la sociedad empezando desde la niñez y sobre todo en los jóvenes en riesgo, incluido políticas de reinserción social.

En una verdadera política de no de mano dura prevención del delito se apunta al origen del problema, se identifica no a los que están a solo un paso de delinquir los factores de riesgo y de protección a los jóvenes “en riesgo”. Solo así se podría desarrollar planes de recuperación o programas sociales para prevenir que las personas se formen como delincuentes. Se podría tomar como ejemplo base lo aplicado en Escocia con la Unidad de Reducción de la Violencia (Violence Reduction Unit). Si bien es cierto, que tenemos una cultura distinta a la de Escocia, se podría tomar como base sus programas de prevención de violencia para los jóvenes, y habría una considerable reducción de la delincuencia. Lamentablemente, en el Perú, no existen iniciativas de esta naturaleza, no existen estrategias de inclusión social enfocadas en una verdadera prevención del delito, en la mejora de la calidad de vida, etc. No hay en los políticos que nos han gobernado una visión amplia de construir comunidades más unidad y seguras.

Volviendo al tema de la “mano dura”, el Perú no necesita un gobierno de mano dura, sino de mano justa y sabia que aplique justicia sabiamente, justicia para los que cometen delito enviándolos a la cárcel, justicia para los inocentes que son enviados por error a la cárcel. Una mano justa que juzgue sin preferencias a los corruptos de saco y corbata. Esto sumado al trabajo de prevención del delito iniciado desde programas sociales, solo de esta manera, se podría reducir la delincuencia en nuestro país.

Publicado originalmente en: https://miguelrodriguezm.wordpress.com/2021/02/04/peligro-gobierno-mano-dura/